Fernando Rosa y la política en la Justicia

Fernando Rosa, un destacado dirigente del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), preso por la acusación de supuesto fraude en el Estado, denunció en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de sus abogados, que fue sometido a cumplir una medida de coerción de tres meses y ya lleva diez, sin que se le conozca su caso en un tribunal, ni tampoco se le pone en libertad, lo que es una violación extrema del gobierno del Presidente Luis Abinader.

Rosa forma parte del grupo de 125 dirigentes y funcionarios de los gobiernos del PLD, que el Presidente, cuando era candidato, dijo que sometería a la Justicia por supuesta corrupción.

O sea, el PRM fabricó los expedientes antes de ganar las elecciones del 2020 y luego los envió a la Procuradoría General de la República, para los fines que hoy se desarrollan, por lo que el país no sabe si las acusaciones son reales o no. Hace poco, el Presidente Abinader dijo que está cumpliendo con su promesa electoral de someter a la Justicia a los hoy acusados. Eso justifica que los expedientes fueron elaborados antes de ganar las elecciones y por lo tanto tienen una total vinculación partidista.

Y luego de asumir la Presidencia de la República, la cual recibió como un regalo del PLD, que se dividió para no seguir en el poder, el actual jefe de Estado presiona para que se cumpla con sus deseos políticos. ¡Nadie está en contra de que los casos reales sean castigados! Lo que se rechaza es la evidente persecución política.

El problema, según parece, es que como la mayoría de los expedientes fueron fabricados en la campaña electoral, por lo que no tiene base de sustentación, ahora las autoridades judiciales están trabajando para hacer las debidas averiguaciones, con el propósito de presentar pruebas. ¡Así no debe funcionar un Estado donde se respeten los derechos ciudadanos, escritos en la Constitución de la República!

Hay acusados por el gobierno que llevan casi un año y todavía no son presentadas las debidas pruebas. El problema está en que cada día el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quiere seguir su política con sus escándalos para ocultar debilidades en su gestión, como son el alto costo de la vida, de los materiales para la construcción u otros sectores, aunque debemos ser justos, reconociendo las buenas obras, como es la firme decisión del gobierno de enfrentar el coronavirus, disponiendo de las vacunas suficientes para todos los ciudadanos.

El gobierno está llenando las cárceles de presuntos corruptos, porque ni son enviados a las Cámaras Penales ni tampoco se les pone en libertad. La última operación es la Falcón, que involucra a legisladores y dirigentes del PRM, en más de un 98%, pero ésta tendrá un final, debido a que es dirigida por la DEA desde Estados Unidos. Lamentablemente, la DNCD es una cooperante en esa operación.

La Operación Falcón apenas comienza, porque ésta podría involucrar a otros altísimos funcionarios del gobierno del PRM o aliados fuera de ese entorno, los cuales hicieron Declaraciones Juradas de Bienes extravagantes, en materia de millones de pesos. Se requiere, en el caso de Fernando Rosa y otros acusados de la misma forma, que el Ministerio Público, bajo la dirección del Presidente Abinader, cumpla con la Ley disponiendo el envío a Cámaras Penales a los imputados o dejándolos en libertad por falta de pruebas.

Todo parece indicar que enviar a una Cámara Penal el caso de Fernando Rosa, como los de otros, es el problema que tiene el gobierno del PRM, porque sabe que tanto éste, como otros acusados, podrían ser descargados por falta de pruebas. Los funcionarios que está usando el gobierno para esos fines, deben saber, si es que no lo saben, que la "misma varita que están usando para medir, podría ser utilizada, en el futuro, para medirlos a ellos".

Es así como parece que comenzó una Era de presos políticos, con el "pincel" que le gusta a la mayoría de sectores del pueblo, como es el castigo a la corrupción.

Es bueno aclarar que la mayoría de dominicanos apoya la lucha contra la corrupción estatal y privada, pero no limpiando a los oficialistas, para hacer escándalos con los opositores, usando al Ministerio Público, dependiente del Poder Ejecutivo, que es el que designa a los procuradores.

Decir que el Ministerio Público es independiente, es una falacia. Creemos que el gobierno de Abinader no está desarrollando una política de persecución contra la corrupción, con la intención de corregir los problemas de malos manejos de fondos públicos, sino de hacerles daño político a sus opositores externos e internos. Destruir todas las "espinitas" dentro del PRM y las que están en la oposición, forma parte del trabajo por la reelección presidencial.

Si hay opositores corruptos, que paguen sus consecuencias. Lo mismo debe ocurrir con los oficialistas. Recordemos que la magistrada Yeni Berenice Reynoso, responsable de Persecución de la Procuradoría General de la República, pidió 30 días para presentar pruebas en contra de un grupo de ex funcionarios y otras personas, después de tener meses trabajando con los casos, lo que indica que los expedientes entregados por la Presidencia de la nación, fueron elaborados atendiendo a revanchas políticas, en su mayoría.

Y todo parece indicar que el gobierno tiene como meta durar tres años enviando personas a las prisiones, culpables o no, para tener tiempo suficiente para "armar" su campaña electoral, que desde ya se puede decir que Abinader será candidato a la reelección.

¡Y que ya al PRM no le queda una figura que pueda competir con Leonel Fernández, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño, Gonzalo Castillo u otros indecisos, como es el caso del ex ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, una figura totalmente relevante para la actualidad, por su honestidad en el manejo de los recursos públicos!

Se observa una acción oficial de persecución en contra de objetivos políticos, lo que en el futuro se convertirá en "tú fuiste el persecutor de ayer y yo el de hoy". La paradoja de esa frase la tiene el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, preso por supuesta corrupción.

Esto es muy peligroso para los representantes del Ministerio Público, porque hoy ellos, obedeciendo a instrucciones del Palacio Nacional, mantienen en prisión a dirigentes políticos de la oposición, muchos de los cuales podrían ser inocentes, lo que los convierte en candidatos judiciales, para ser recibidos con el mismo tipo de expediente que se está usando en la actualidad.

Fernando Rosa, ex presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), como otros que parecen ser presos políticos, debe ser juzgado en los tribunales correspondientes o dejados en libertad por falta de pruebas. Si a Fernando se le impusieron tres meses de coerción, por qué lleva diez en prisión. ¡Es una violación al proceso de Ley!

Los representantes del Ministerio Público, deben asumir su grado de responsabilidad y no unirse a la violación de la Ley, porque eso mismo va a ocurrir en contra de ellos, cuando este gobierno concluya, que parece será en el 2024. Y, de hecho, los más castigados serán los protagonistas de lo que ya muchos sectores llaman la novela de Abinader.