Implicados Operación Coral con medida preventiva de 18 meses Cárcel Najayo
El grupo, excepto el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, que cumplirá ese dictamen en una prisión domiciliaria secreta, recibió la confirmación de lo que habÃa pedido el Ministerio Público.
SANTO DOMINGO.- La jueza Kenya Romero, responsable del conocimiento de la llamada Operación Coral, que implica al ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del entonces Presidente Danilo Medina, les impuso 18 meses de prisión preventiva en la Cárcel de Najayo, a todos los acusados del hecho, pero al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, que negoció con las autoridades, pasará ese tiempo en un domicilio privado no informado por la Justicia.
Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina; el teniente coronel de la PolicÃa, Rafael Núñez, el cabo de la PolicÃa e hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz, la cumplirán en el centro Najayo hombres, en San Cristóbal.
En el caso de la pastora Rossy Guzmán Sánchez, le fueron impuestos 18 meses de prisión en el penal Najayo mujeres.
Sobre el mayor del Ejército de la República Dominicana, Raúl Alejandro Girón Jiménez, fue enviado a prisión domiciliaria con información confidencial del lugar. La jueza entiende pertinente la solicitud del Ministerio Público y aprobó la confidencialidad de su prisión domiciliaria.
La revisión obligatoria de la medida de coerción será el próximo martes 10 de agosto.
La jueza valoró que existe pluralidad de personas identificadas y de conductas con tipos penales para declarar el caso complejo, como lo habÃa pedido el Ministerio Público.
27 allanamientos en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, San Pedro de MacorÃs, Monte Plata y Samaná pusieron en marcha el pasado 24 de abril a la Operación Coral, la acción contra la corrupción administrativa más recientes del Ministerio Público.
Los bienes muebles e inmuebles millonarios, un gran cúmulo de documentaciones y armas de fuego fueron algunos de los elementos encontrados por el MP en las viviendas de los imputados, que más tarde sirvieron como prueba ante los tribunales para inculparlos en el caso.
Los acusados en la Operación Coral fueron Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina, la pastora, Rossy Guzmán Sánchez, el teniente coronel de la PolicÃa, Rafael Núñez D,Aza, el cabo de la PolicÃa e hijo de la pastora Tanner Antonio Flete Guzmán. el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento Alejandro José Montero Cruz.
El MP acusó a estos seis de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
Desde que sucedieron los allanamientos, los imputados fueron llevados al Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva, que está bajo custodia del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Contra los implicados, los fiscales del órgano persecutor pidieron a la jueza Kenya Romero 18 meses de prisión preventiva a cumplirse en las cárceles Najayo Hombres y Najayo Mujeres, a excepción de Girón Jiménez, contra quien piden prisión domiciliaria, y declarar el caso complejo dada la profundidad de la investigación.
Con relación a Girón el pedimento fue variado ya que en principio se habÃa solicitado prisión en Najayo pero producto de sus declaraciones el Ministerio Público estimó conveniente la prisión domiciliaria, en una casa secreta que solo conocerÃan el tribunal y la ProcuradurÃa.
Las audiencias para el conocimiento de la medida de coerción de los integrantes del supuesto entramado militar, policial, societario y religioso se extendieron por varios dÃas, tres en total, luego de numerosas objeciones, aplazamientos, una recusación y "discursos" de defensa de los imputados.
Este lunes la magistrada Romero tuvo la decisión final en el caso que ha "mantenido en vela" desde el 24 de abril al paÃs.
Las acusaciones del Ministerio Público
Entre los principales acusados en el caso figuran el mayor general Cáceres Silvestre y el teniente coronel de la PolicÃa Nacional, Rafael Núñez de Aza, quienes según la ProcuradurÃa Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) colocaron activos en la banca nacional creando certificados financieros en pesos dominicanos y en dólares estadounidenses, que servÃan de soporte para tomar préstamos pagados en "tiempo récord" sin siquiera haber tocado los valores de los certificados.
Los fiscales en el caso indicaron que se produjo "una unión simbiótica" entre el coronel Núñez de Aza y el general Adán Cáceres, los cuales llevaron a cabo una "estrategia de colocación de millones de pesos" para lavar activos provenientes de los delitos de corrupción.
La FiscalÃa dijo que los imputados no "tenÃan cómo explicar la fortuna que habÃan generado como resultado del desfalco", por lo que involucraron a otros acusados de la red criminal, a la pastora evangélica Rossy Guzmán y al cabo de la PolicÃa Tanner Flete.
De acuerdo con la Pepca, se emitÃan cheques desde la cuenta bancaria de Núñez De Aza a nombre de la pastora y del cabo con la finalidad de "colocar activos del crimen".
La solicitud de medida de coerción señala que el cabo de la PolicÃa Nacional, Eric Daniel Pereyra Núñez, "colaboraba constantemente en la movilización de fondos" bajo la orden del teniente coronel Núñez De Aza.
El órgano señaló en la audiencia que el supuesto entramado societario no creó, extrañamente, ninguna alerta dentro del sistema financiero nacional a pesar de todo el dinero que movieron durante ocho años.
Según el MP, las cifras devengadas de las actividades ilÃcitas ascienden a los RD$3,000 millones.
Durante la audiencia, los fiscales indicaron que sólo el coronel Núñez de Aza manejó en una cuenta bancaria corriente la suma de 177 millones de pesos.
De acuerdo con la magistrada Berenice Reynoso, el Cuerpo Especializado de Seguridad TurÃstica (CESTUR) funcionaba como una "caja chica", mientras que el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) fungÃa como el Banco Central en la Operación Coral.
El "modus operandi"
En la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, la PEPCA advierte que las empresas Único Real State e Inversiones SRL y la Asociación Campesina Madre Tierra recibÃan fondos de instituciones castrenses por concepto de "compras de huevos", "compras de ganado", y otros depósitos "sin concepto" para los que utilizaban a subalternos.
Esta última, a nombre de la pastora Rossy Guzmán, es señalada por el Ministerio Público como uno de los "centros de operaciones" para el enriquecimiento ilÃcito del entramado.
El proceso era el siguiente: las empresas recibÃan cientos de millones de pesos gracias a los depósitos en efectivo de militares subalternos, los cuales luego eran invertidos en compras de propiedades y vehÃculos de motor a favor de los imputados.
Según el MP, el entramado también cobraba cuotas a militares y policÃas para mantenerlos al frente de terminados puestos en el CUSEP y en el CESTUR, cuyos salarios rondaban entre los 20 mil y los 70 mil pesos.