Las invasiones de tierras públicas y privadas

Las invasiones de tierras públicas y privadas es un negocio lucrativo, fomentado por grupos de personas que se mueven en todo el país.

Se promueven las ocupaciones ilegales de terrenos bajo el lema de tierras para los pobres, pero los más necesitados son los menos beneficiados, porque al final los aprovechados de esas acciones son los promotores que se mueven en todo el territorio nacional.

Para esos fines, los delincuentes organizan grupos de personas, a los cuales les pagan pequeñas cantidades de dinero para den el frente y luego los promotores les quitan los solares o pequeñas parcelas, para venderlas inmediatamente por sumas mayores.

Los mismos promotores de ese robo se mueven en el Sur, Este, el Cibao y las áreas campestres del Distrito Nacional o Provincias Santo Domingo. Se conoce a promotores de invasiones de tierras que viven en Mao, Santiago, Santo Domingo y otras localidades, de donde organizan esas operaciones ilegales.

Los promotores, luego de ocupadas las tierras, les den unos pesos a los ocupantes y comienzan a venderlas, sin ni un papelito, para ganar millones de pesos.

¡Las autoridades deben ser más rígidas en esa batalla! Los inversiones nacionales e internaciones se están negando a comprar terrenos para ser explotados, debido a la continua amenaza que significan los invasores.

El Código Penal califica las ocupaciones de tierras como acciones criminales. ¡Todo lo que hay que hacer es aplicarles la Ley a los violadores!

En los últimos meses, las ocupaciones de tierras se desarrollaron y, en algunas partes todavía se desarrollan, como es el caso de Boca de Maizal, en Tamboril. Hubo invasiones recientes en Navarrete, Santiago, Hato del Yaque y el Este.

Los que promueven las ocupaciones son reincidentes que se mudan de sitio en sitio para dirigir desde la "sombra". Lo peor es que hay que compran las tierras robadas, perdiendo, por sí su dinero, y como son los beneficiados de la violación a la Ley, enfrentándose la Justicia.

Ocupar en grupos terrenos privados o del Estado, convierte a los ocupantes en miembros de asociaciones de malhechos y por ende a enfrentarse a penalidades que van desde los tres meses de prisión hasta los dos años, según la Ley del Consejo de Estado, y desde seis meses hasta 20 años, de acuerdo al Código Penal, según lo gravedad del hecho, porque está dentro de la parte criminal.

¡Se imponen mayores acciones del gobierno en contra de los promotores de los robos de tierras del Estado y privadas!

Por suerte, el Presidente Luis Abinader está demostrando su apoyo a la legalidad. Aún así, se impone que el jefe de Estado les imparta órdenes estrictas a las autoridades judiciales, policiales y militares, para que protejan más las tierras públicas o privadas, porque como se expresa antes este editorial, las ocupaciones de terrenos son dirigidas por grupos mafiosos dedicados a la esa violación de propiedades inmobiliarias.