Banner CORAASAN

MAC afirma obligar a vacunarse vulnera derechos fundamentales

Foto Gerson FloresPor Pedro Jiménez

SANTIAGO. -El Movimiento Acción Ciudadana (MAC) calificó de ¨presionante¨ la osadía que pretende cometer el ministerio de Salud Pública dirigido por el doctor Daniel Rivera al tratar de forzar la inoculación de la población de manera obligatoria, apoyándose de la actual resolución que entró en vigencia el pasado lunes 18 de octubre del 2021.

En ese sentido, el secretario general del MAC, licenciado Gerson Flores solicitó a las iglesias, empresas y las distintas organizaciones no aceptar las medidas tomadas por la actual gestión gubernamental y sugirió a las autoridades abolirlas de inmediato.

¨Con esta decisión, el llamado gobierno del cambio, tras la cobija del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo que pretende es seguir utilizando el tema de la vacunación para obtener capital político y seguir endeudando más y más la nación¨, subrayó.

Y afirmó que los abogados que orientan al presente sistema de gobierno debieran considerar la realización de una exhaustiva lectura de la actual Constitución dominicana, poniendo énfasis en los artículos relacionados con el respeto a la dignidad de los ciudadanos y a la libertad de los habitantes de la nación.

¨Obligar sutilmente a la población a vacunarse por mandatos que privan de la libertad de elección se convierte en una medida inconstitucional y, además, en contra de los decretos de Dios, que como nación cristiana deben siempre tomarse en gran consideración¨, dijo el licenciado Flores.

Sostuvo que actuar de forma dictatorial bajo la sombra del ¨bienestar colectivo¨ es atropellar la dignidad y el derecho de cada ciudadano de poder tomar decisiones concernientes a su bienestar individual.

Asimismo, entiende que en su humilde opinión el ministerio de Salud Pública debe limitarse a promover el uso de las mascarillas, la motivación voluntaria de la vacunación, el uso de gel antibacterial o alcohol y el lavado de las manos.

¨Es indudable que la medida tomada por las autoridades viola el derecho al bienestar y a la salud de cada hombre y mujer por atentar contra el abastecimiento de los alimentos necesarios para el sostén del cuerpo humano, y del mismo modo priva de libertad en cuanto al uso de los diferentes servicios de la vida cotidiana¨, sostuvo.
Por otro lado, el secretario general del Movimiento Acción Ciudadana dijo estar de acuerdo con las demás medidas adoptadas por el ministerio de Salud Pública ya que están acordes con un organismo que vela por la salud colectiva.

Sin embargo, consideró que la vacunación obligatoria o presentación periódica de la prueba PCR vulnera los derechos fundamentales de las personas ¨y estos últimos están tutelados en la ya mencionada Constitución de la República y por ende deben ser respetados¨.

Al respecto, el licenciado Flores citó el Artículo 42, inciso 3: ¨Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas¨. ¨Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro de su vida¨.

También, citó el Artículo 38 que habla de la dignidad humana: ¨El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos¨.

El secretario general del MAC puntualizó que en un país donde tanto costó a los próceres y a los padres de la patria nuestra libertad, la resolución emanada de Salud Pública es inaceptable, y advirtió que de no prosperar los recursos introducidos por algunos ciudadanos que luchan en contra de dicha medida, el Movimiento Acción Ciudadana se prepara para someter una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional ya que este debe tutelar de manera responsable los derechos fundamentales de los ciudadanos por ser garante de la Constitución.